Alerta por derogación de ley que limitaba a los gobiernos subnacionales a ejecutar obras mediante administración directa

El Congreso derogó la ley que regulaba la construcción de obras públicas que no superan las 50 UIT bajo la modalidad de administración directa por parte de los gobiernos locales y regionales. Expertos aseguran que esta decisión solo le abre paso a la corrupción y la falta de transparencia al ejecutar proyectos en favor de los contribuyentes.

El proceso de administración directa, el cual permite que gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales ejecuten proyectos de inversión pública con su propio equipo de trabajo y herramientas tecnológicas con un tope de S/257,000 (50UIT), era regulado por Ley 31876, pero fue derogada recientemente por el Congreso con 106 votos a favor. Ahora, los gobiernos subnacionales podrán hacer uso de este mecanismo para llevar a cabo construcciones de gran envergadura con un valor superior a los S/247,000; sin mayor control de calidad ni supervisión técnica.

 

La especialista en inversión pública, Karla Gaviño, comentó a Vigilante.pe que “se está dejando de lado la primera ley en el país que intenta regular específicamente sobre la materia”, lo cual nos pone en un escenario donde las obras publicas se hacen “sin mayor control de calidad, sin especialidad y sin contar con los equipos más idóneos y profesionales capacitados”. Además, alertó que la decisión del Congreso responde a un interés netamente político, pues este tipo de estrategias de tinte populista pueden ser aprovechadas por los candidatos a cargos ediles y gobiernos regionales para prometer puestos de trabajo temporales. Sin embargo, nada garantiza que los gobiernos subnacionales contraten personal que cuente con las aptitudes necesarias para desempeñar esta funciones, sino que, por el contrario, es posible que muchas personas ocupen estos cargos por el “pago de favores”.

 

Por su parte, el exministro de economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, mencionó que derogar esta ley representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y falta de transparencia en el Estado. Además, aseguró que esto permitirá que las inversiones públicas en regiones se paralicen.

 

Según información de la Contraloría, el mayor número de obras sin terminar son aquellas que se iniciaron bajo dicha modalidad. Hasta el segundo trimestre de 2023, 1,095 proyectos se encuentran inconclusos a nivel nacional. Anteriormente, la Resolución de Contraloría N 195-1988 únicamente regulaba el actuar fiscalizador de la entidad pública. Por ello, la Ley 31876 buscaba establecer nuevos criterios técnicos que permitan evaluar el proceso de administración pública y así evitar que la ejecución de obras a cargo de municipalidades y gobiernos regionales no terminen de satisfacer las necesidades de los contribuyentes.