Las barreras burocráticas son todas aquellas normas impuestas por el Estado que impiden que un ciudadano pueda realizar un trámite con alguna entidad pública de manera rápida y sencilla. Además de vulnerar nuestros derechos, son leyes que promueven indirectamente la corrupción e informalidad en el Perú.
Se ha demostrado que la sobreregulación en Perú es una de las razones que impide que un emprendedor formalice su negocio. Asimismo, al evitar que el ciudadano, en calidad de persona natural o jurídica, realice un trámite con alguna entidad estatal de manera rápida y eficaz, existe la posibilidad de que funcionarios corruptos exijan pagos irregulares con el objetivo de agilizar los procesos. Así, permitir que los gobiernos de turnos continúen imponiendo barreras democráticas es sinónimo de tolerar que el país siga encabezando la lista de naciones con un alto índice de corrupción e informalidad.
Según un estudio de Atlas Network, el tiempo invertido en trámites estatales en Perú equivale a 591 horas, las cuales se dividen en trámites de administración de empleo (4%), administración de operaciones (79%) y otros (17%). Al observar que un peruano invierte gran parte de su tiempo de vida sólo en procesos que involucran al gobierno, queda claro que es el Estado el que está obligado a combatir la imposición de normas absurdas.
Para nuestra buena suerte, este panorama cambió el pasado 27 de abril gracias a la aprobación del proyecto de ley N 500 o “Ley Antibarreras”, de autoría de la congresista Adriana Tudela. ¿Por qué? Pues porque fortalece el sistema para derogar una barrera burocrática de manera inmediata, debido a que ahora el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá estar más atento a las denuncias ciudadanas. La norma se encuentra vigente desde el 31 de mayo de 2023.
En ese sentido, esta iniciativa plantea que el ciudadano tenga ventaja sobre la derogación de una barrera, pues el Indecopi está obligado a aplicar criterios que favorezcan al denunciante en caso se presenten diferentes ángulos de interpretación de una misma norma. Del mismo modo, esta entidad impulsará que cada persona se sienta libre de emitir una denuncia a través de todos los canales de atención. Es preciso mencionar que los peruanos tenemos dos caminos alternativos para denunciar barreras burocráticas: la denuncia de parte y la denuncia informativa.
Por último, esta ley también será sumamente útil para evitar que los tres niveles de gobierno sólo deroguen estas normas en función al denunciante. Es decir que, si se demuestra que una barrera imposibilita que un ciudadano tramite distintos documentos con entidades estatales, la inaplicación de la barrera burocrática es igual para todos.
Sin barreras burocráticas que obliguen a un contribuyente a efectuar pagos o presentar documentos como condición para admitir una solicitud, el individuo se sentirá más seguro al realizar algún tipo de procedimiento administrativo en cualquier institución pública. Asimismo, un emprendedor se sentirá más confiado al momento de formalizar su pequeño o mediano negocio al dejar de lado el miedo por los cobros excesivos o largo tiempo de espera para recibir una respuesta por parte de las autoridades competentes. Solo así el Perú dejará de contar con un 74% de informalidad a nivel nacional, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN – 2022).
publicado por: Vigilante.pe
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