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El
convenio llamado "Pacto por una Vivienda Digna", busca facilitar a
las familias de bajos recursos el acceso a viviendas formales con servicios de
calidad, con el objetivo primordial de cerrar la brecha habitacional en el
país.
La Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), junto al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), alcaldes, colegios profesionales, otros
gremios empresariales y universidades, firmaron el "Pacto por una Vivienda
Digna". Este convenio busca facilitar a las familias de bajos recursos el
acceso a viviendas formales con servicios de calidad, con el objetivo
primordial de cerrar la brecha habitacional en el país.
“Desafíos de
esta magnitud, como reducir el déficit de vivienda que existe actualmente en el
Perú, requieren que todos los sectores de la sociedad se comprometan y trabajen
de la mano. Estamos contentos de que además del Ministerio de Vivienda,
burgomaestres de diversos distritos de Lima y del interior del país también
apuesten por las Viviendas de Interés Social", indicó Antonio Amico,
presidente de ADI Perú.
Durante la
firma del acuerdo, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, anotó que
el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas, pero cada año esta
cifra se incrementa alrededor de 142 mil viviendas, aproximadamente; sin
embargo, sólo se generan 90,000 viviendas formales en promedio.
“Con ese fin, el pasado 13 de setiembre de este año se dio un paso
importante con la aprobación del Reglamento de Vivienda de Interés Social
(VIS), que brinda seguridad jurídica y marca un antes y un después en la
construcción de viviendas sociales. El Reglamento VIS reconoce las competencias
municipales en la zonificación y alturas de las edificaciones, pero promueve el
desarrollo de proyectos de vivienda social”, indicó Pérez de Cuéllar.
Compromisos
del pacto
El acuerdo
establece compromisos cruciales para garantizar y hacer efectivo el derecho a
una vivienda digna, adecuada y segura. Esto se llevará a cabo mediante la
asignación presupuestaria suficiente por parte del Poder Ejecutivo, priorizando
a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, en
armonía con el desarrollo planificado de nuestras ciudades.
Además, se
buscará crear condiciones de certeza jurídica que incentiven la participación e
inversión del sector privado en proyectos de viviendas, contribuyendo así a la
reactivación económica que nuestro país necesita con urgencia.
Otro
compromiso es la colaboración conjunta en acciones contundentes contra la
corrupción y las redes de traficantes de tierras, factores que obstaculizan el
acceso de nuestra población a viviendas dignas, adecuadas y seguras, entre
otras iniciativas acordadas.
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